El caso de Maricarmen, con sus muchos matices, parece haber sacado al debate público, al fin, un problema latente en nuestro país: el de la vivienda. Un derecho convertido en mercancía, que los políticos de turno no han sabido afrontar por incapacidad, irresponsabilidad o conveniencia, y que se convertirá en arma arrojadiza en tiempo preelectoral. Mientras una población obtiene beneficio legítimo por sus alquileres, otros, los que empiezan, comprueban que es más barato tener una hipoteca que alquilar, sabiendo que para la mayoría es impensable comprar ese ansiado primer hogar. Otros, aún trabajando mucho, reconocen que con su sueldo no les da.
En el fondo, refleja una paradoja de un sistema un tanto pervertido, en el que muchos jóvenes se ven escorados por un sistema que los convierte en colectivo vulnerable. Por mucho que se saque rédito electoral, conviene decir que, hoy por hoy, la tendencia ha cambiado. En términos generales, a nivel económico la población vulnerable ya no son tanto los jubilados -sabiendo que algunos malviven con una pensión baja-, sino los jóvenes que no tienen ni casa ni pensión ni ahorros ni patrimonio alguno. Que independizarse o tener casa en propiedad -e incluso hijos- se convierte en un auténtico lujo.
Asumir que la sociedad cambia implica aceptar ciertos logros, y uno de ellos es el merecido bienestar económico de parte de la tercera edad. Sin que esto no implique descuido, quizás conviene reconocer que ahora el foco hay que empezar a ponerlo en los jóvenes, no solo por lo que son y por la dignidad que merecen, también para que el sistema no vuelva reventar.