La democracia es mucho más que un procedimiento para poner o quitar gobiernos cada cuatro años. El voto constituye un momento esencial de la vida democrática, pero la democracia se juega también, y quizá sobre todo, durante esos cuatro años. Un gobernante puede adquirir una legitimidad de origen, nacida de las urnas, pero está llamado a conquistar también una legitimidad de ejercicio, que se manifiesta en la forma de gobernar, escuchar, dialogar y servir al conjunto de la sociedad.
Esta concepción encuentra un profundo eco en la Doctrina Social de la Iglesia. La participación es uno de los pilares de la democracia y los ciudadanos deben ser informados, escuchados e implicados en el ejercicio de las funciones públicas. La democracia, por tanto, no puede reducirse a delegar el poder: exige corresponsabilidad y participación activa.
También el ejercicio de la autoridad tiene una finalidad precisa: el bien común. Quien gobierna no lo hace únicamente para quienes le votaron ni puede convertir la acción política en prolongación de unas siglas. La autoridad está llamada a buscar el bien efectivo de todos, también de quienes discrepan o forman parte de las minorías.
Desde esta perspectiva, gobernar es un servicio. La legitimidad política no termina en las urnas: se renueva cada día mediante la escucha, el respeto, el diálogo y la capacidad de propiciar una sociedad formada por ciudadanos libres y responsables.
Una democracia madura no consiste, en definitiva, en gobernar contra casi todos, sino en gobernar con todos y para todos, haciendo de la participación, la dignidad de la persona y el bien común una tarea permanente.
El papa Francisco nos recuerda que la política puede ser una de las formas más preciosas de la caridad cuando busca sinceramente el bien común, amar al prójimo no significa únicamente atender sus necesidades individuales; significa también trabajar para construir estructuras sociales más justas en la que todos podamos vivir con dignidad. (FT, 180-182).